Este comunicado refleja las preocupaciones de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias (Afat) sobre la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de permitir la importación de maquinaria agrícola usada, eliminando el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).
Afat argumenta que esta medida podría tener efectos adversos significativos sobre la industria local, afectando la competitividad, el empleo y la sustentabilidad de la producción agrícola en Argentina.
Los puntos clave que destacan en el comunicado incluyen:
Impacto en la Modernización y Competitividad: Afat resalta que la industria local ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo y la fabricación de maquinaria agrícola moderna y eficiente, lo cual es esencial para mantener la competitividad del sector agrícola argentino. La importación de maquinaria usada, de acuerdo con la entidad, retrasaría este proceso de modernización y aumentaría los costos.
Desigualdad en la Competencia: Afat señala que la importación de maquinaria usada favorece a países con subsidios y menores costos fiscales y laborales, lo que genera una competencia desleal frente a los fabricantes locales. Además, las máquinas usadas no ofrecen las mismas garantías ni estándares de calidad y seguridad que las nuevas.
Efectos Económicos y Sociales: La medida podría reducir la demanda de maquinaria nueva, afectando negativamente las ventas y la actividad de los fabricantes, distribuidores y proveedores locales. También podrían verse comprometidos los empleos directos e indirectos en la industria de maquinaria agrícola, que según Afat, suman alrededor de 16,700.
Impacto Ambiental y de Seguridad: La introducción de maquinaria obsoleta podría afectar la sostenibilidad ambiental y la seguridad operativa, tanto para los trabajadores rurales como para la maquinaria misma. Además, se mencionan riesgos vinculados al lavado de dinero y la falta de trazabilidad de la maquinaria usada importada.
Consecuencias para las Exportaciones y el PIB: Afat también advierte que esta medida podría poner en peligro las exportaciones agroindustriales de Argentina, que representan USD 45.000 millones y un cuarto del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
El comunicado concluye con un llamado a la cooperación público-privada para encontrar soluciones que fomenten el crecimiento sostenible del sector agrícola, asegurando la competitividad global de Argentina.
Esta postura refleja un claro interés en equilibrar el acceso a maquinarias más accesibles sin comprometer el desarrollo local, la competitividad y la sustentabilidad del sector agrícola.