El gobierno de Javier Milei ha tomado medidas para disolver
varios fideicomisos públicos, como parte de un programa de ajuste fiscal.
Destaca entre ellos el cierre del Fideicomiso para la Competitividad del
Sector Azucarero del NOA (Proicsa), que ya había quedado inactivo en 2020
tras completar los desembolsos previstos en su contrato con la Corporación
Andina de Fomento (CAF). Este fondo estaba destinado a mejorar la
competitividad de la industria azucarera en el Noroeste argentino.
Además de Proicsa, se eliminaron otros fideicomisos bajo la ley
Bases, que permite al Poder Ejecutivo modificar o liquidar fondos
fiduciarios. Algunos de estos son:
Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce): Creado para financiar
emprendimientos e instituciones, pero cerrado por “debilidades en la
gestión” y falta de manuales operativos detectados por la Sindicatura
General de la Nación (Sigen).
Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria: Destinado a implementar un sistema de
refinanciación hipotecaria, enfrentó demoras en la rendición de cuentas y
problemas en la gestión de fondos en mora.
Fideicomiso para Inversiones
Estratégicas: Diseñado para fomentar sectores estratégicos, pero no logró
integrar bienes al fideicomiso de manera efectiva.
Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata: Cerrado debido a falencias en la gestión y la falta de
procedimientos formales.
Fondo Fiduciario de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque): También eliminado como parte
de la política de ajuste.
La decisión se enmarca en un esfuerzo por reorganizar los
recursos públicos y eliminar programas que, según las auditorías, presentaban
problemas de gestión o carencias operativas. Sin embargo, estas medidas generan
controversia debido a su impacto en sectores clave como la vivienda, el
emprendimiento, la protección ambiental y la asistencia social.
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